La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso realizó el pasado lunes 8 de julio una audiencia pública para informar los avances en propuestas de medidas normativas y de políticas para la reducción de riesgo y la atención integral de la afectación de la salud por contaminación con metales pesados y otros asociados a minería e hidrocarburos.
Dicho evento fue inaugurado por el presidente de la CPAAAAE, Wilbert Rozas, quien saludó la asistencia de las diversas organizaciones que conforman la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, los colectivos de sociedad civil, las instituciones del Estado y los congresistas Marco Arana, Humberto Morales, Tania Pariona y Pedro Olaechea.
Asimismo, explicó que esta audiencia es el resultado de las 6 sesiones de la Mesa Técnica sobre salud ambiental, que se instaló en febrero de este año con el objetivo de impulsar un trabajo multisectorial que revierta la inacción del Estado respecto a la atención integral en salud por metales pesados, la falta de identificación de la fuente de contaminación y el reconocimiento de las zonas críticas, cuya atención debe priorizarse.
“En nuestro país hay más de 7 mil personas afectadas en su salud por la contaminación con metales pesados y otros tóxicos en las zonas de minería y de hidrocarburos. Dicha problemática es conocida por el Estado desde hace varios años y requiere una atención multisectorial inmediata, que hasta la fecha no se da. En la Mesa Técnica se han logrado ciertos avances, pero también se han evidenciado graves omisiones del gobierno en la adopción de medidas que garanticen la salud, vida e integridad de las personas afectadas”, sostuvo el congresista Rozas.
Para esta audiencia se esperaba la presencia del premier Salvador Del Solar y la respuesta de la PCM respecto a la creación de una comisión multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados. Sin embargo, solo asistió el secretario de Gestión Social y Diálogo, José Florez, quien se limitó a expresar su predisposición para constituir un espacio multisectorial que cuente con un plan de trabajo y acciones concretas.
AFECTADOS EXIGEN POLÍTICAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL
A la audiencia pública convocada por la Comisión de Pueblos acudieron diversas organizaciones de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, cuyos representantes de las zonas andinas y amazónicas expusieron sus demandas y propuestas para la implementación de políticas que cuenten con presupuesto exclusivo, enfoque intercultural, participación ciudadana, mecanismos de prevención y servicios de salud especializados.
Uno de ellos fue Hernán Echevarría de Pasco, quien refirió que en su región existen 546 pasivos ambientales por actividad minera y demandó al Estado impulsar acciones de remediación, fiscalización y sanción a las empresas que contaminan con metales tóxicos asociados a minería o hidrocarburos.
Asimismo, Seferino Cana de Espinar (Cusco), denunció que el Ejecutivo ha incumplido su obligación de promover una atención integral especializada en metales pesados e identificar la fuente de contaminación de la salud y el agua en dicha provincia.
Por su parte, el dirigente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), Alfonso López, y Teresa Yunuk de la comunidad Nazareth de Chiriaco (Amazonas) coincidieron en señalar que, tras 50 años de explotación petrolera en la selva, no hay una política de responsabilidad social y ambiental.
Asimismo, denunciaron el retraso del Ministerio de Salud en la elaboración y entrega del estudio toxicológico y epidemiológico en las comunidades de las Cuatro Cuencas afectadas por metales pesados.
Por último, el acalde del distrito de Chugur (Cajamarca), José Vargas, refirió que de acuerdo a un estudio del Ministerio de Salud (MINSA) hecho en su localidad, Hualgayoc y Bambamarca, 372 personas resultaron afectadas con metales pesados, de los cuales 57 de ellos eran de Chugur, incluyendo a su hija.
EJECUTIVO NO CUMPLE COMPROMISOS PARA ATENCIÓN DE AFECTADOS
La jefa de la Unidad Funcional de Atención a Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas del Ministerio de Salud, Tania López, explicó que su sector aprobó hace 7 meses los “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides, y otras sustancias químicas”.
Sin embargo, reconoció que hasta la fecha no se cuenta con una norma que establezca un Plan de intervención integral considerando la promoción, prevención y la atención médica, y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y los gobiernos regionales para tener un presupuesto.
Por su parte, Yuri Pinto de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, refirió que su sector viene impulsando la aprobación de un nuevo Reglamento de la Ley de pasivos ambientales por hidrocarburos para mejorar su gestión e informó que se han considerado S/ 190 millones de soles para remediación de Sitios Impactados y pasivos ambientales en el presupuesto 2019.
Sobre las anteriores presentaciones, Yolanda Zurita, representante de los afectados de La Oroya (Junín) y vocera de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos, expresó su disconformidad por la ausencia de informes técnicos de cada sector y cuestionó la falta de liderazgo de la PCM para conformar una Comisión Multisectorial y definir medidas inmediatas para la atención de personas con mayores niveles de afectación por contaminación con metales pesados.
A estas críticas se sumaron Mario Zuñiga, asesor de las Cuatro Cuencas y Karem Luque de la Plataforma Nacional de Afectados, quienes manifestaron que el Estado impone estados de emergencia para criminalizar la protesta social e incumple con sus obligaciones para atender de manera integral y efectiva a las personas expuestas y contaminadas con metales tóxicos.
Finalmente, el congresista Wilbert Rozas destacó que esta quinta audiencia pública debe servir para continuar con el trabajo multisectorial de manera participativa y descentralizada, logrando que el Estado solucione las graves afectaciones ambientales y humanas causadas por la explotación irresponsable de nuestros recursos.
“Con esta audiencia hemos puesto en la agenda pública la problemática de contaminación ambiental y afectación a la salud de miles de peruanos. Tenemos que impulsar un trabajo multisectorial que diseñe e implemente políticas de prevención y atención integral de salud con un adecuado presupuesto, enfoque intercultural y mecanismos de reparación y remediación para las zonas de mayor impacto ambiental”, sentenció.
Lima, 16 de julio del 2019